La Contraloría General de la República dio a conocer este martes la apertura del proceso de responsabilidad fiscal por $1.345 millones de pesos contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, por presuntas irregularidades en el pago a la IPS Funtierra Rehabilitación Limitada de servicios médicos (terapias a niños con necesidades especiales), sin mediar relación contractual entre esta IPS y la Gobernación de Córdoba.

El contralor Edgardo Maya Villazón puso en conocimiento la decisión procesal adoptada, tanto del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, como del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, para que los organismos a su cargo continúen las investigaciones en el marco de sus competencias.

El proceso de responsabilidad fiscal cobija también, como presuntos responsables, a Tania Margareth Otero Arroyo, en su calidad de representante legal de la IPS Funtierra Rehabilitación; al ex secretario de Salud de Córdoba, Edwin de Jesús Preciado Lorduy; y al Auditor Médico, Juan David Nader Chejne.

Los hechos se dieron entre mayo y septiembre de 2015, y fueron evidenciados en una auditoría que realizó la CGR sobre el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones –SGP por parte de la Gobernación de Córdoba en la vigencia 2015.

Pagos sin los debidos soportes

Los pagos a la IPS Funtierra alcanzaron la suma de $6.252 millones, y fueron autorizados por la Secretaria de Salud Departamental de Córdoba por tratamientos médicos que incluían distintas terapias: ocupacional, fonoaudiológica, de integración sensoriomotriz y miofuncional y la Contraloría no encontró estudios económicos o valores unitarios que justificaran las cantidades y precios pagados.

Tampoco se encontró soporte o documento en que conste que medió una relación contractual entre la IPS y la Gobernación, en los que se pudieran fundamentar los pagos realizados. Y en las facturas mensuales presentadas por la IPS Funtierra Rehabilitación Limitada, por los servicios supuestamente prestados para los cobros de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015, se evidenció que en algunos casos no se habían completado los tratamientos recomendados por el médico neurólogo, y aún así la Gobernación efectuó los pagos en favor de la IPS como si se hubieran prestado la totalidad de los servicios facturados.

Se pagaron tratamientos que no se realizaron

Los funcionarios de la Contraloría detectaron que las terapias no se pagaban individualmente, sino por “paquetes de terapias” (entre 50 y hasta 100 tratamientos). Sin embargo, al haberse practicado supuestamente las primeras 50 – independientemente de que el médico hubiera ordenado 80 ó 100 terapias -, se efectuaba el pago de la totalidad del “paquete de terapias” cuyo precio correspondía a 100 tratamientos.

De esa forma, el contratista facturaba de manera anticipada terapias que aún no se habían practicado, y sin la posibilidad de verificar que con posterioridad las mismas en efecto se llevaran a cabo.

Adicionalmente, si bien la Gobernación de Córdoba practicó una auditoría médica a las solicitudes de pagos presentadas por conceptos de salud, en este caso el auditor médico contratado por la Secretaria de Salud Departamental (el médico Juan David Nader Chejne) avaló los diferentes pagos, estableciendo un valor de $0 (cero pesos) por concepto de glosas, evidenciándose así que los pagos se habrían autorizado sin que se verificara la adecuada prestación del servicio médico a cada uno de los pacientes.